lunes, 11 de agosto de 2008


El PPdeG acusa a la Xunta de «ocultar datos» sobre la marcha de la Ley de Dependencia. LA VOZ DE GALICIA 04.08.2008

El PPdeG acusa a la Xunta de «ocultar datos» sobre la marcha de la Ley de Dependencia
Aseguró también que en Galicia sólo está «oficialmente» reconocida la ayuda para cuidadores familiares.

La portavoz de asuntos sociales del grupo parlamentario popular, Marta Rodríguez Arias, acusó hoy a la Xunta de «ocultar datos» sobre la marcha de la Ley de Dependencia en Galicia e informó de que sólo el 1,6 por ciento de los dependientes a los que les correspondía una ayuda la está cobrando.
Según la diputada popular, que citó los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), «sólo» 762 personas del total de 45.693 con «gran dependencia» o «dependencia severa» están cobrando las ayudas que les corresponderían con respecto al calendario de aplicación de la Ley.
Rodríguez Arias incidió en que estos datos son los «oficiales» del IMSERSO «y no del PP», por lo que instó al Gobierno autonómico a «hacer públicas» estas cifras y «a dejarse de publicidad y propaganda» para dedicar ese dinero a la financiación de la Ley de Dependencia.
Asimismo, consideró que los datos del IMSERSO «avergonzarían a cualquier político responsable», después de las «muchas expectativas» puestas sobre la mesa, y añadió que la Xunta «oculta y maquilla estos datos» del IMSERSO pues éstos son diferentes de los proporcionados por el Gobierno autonómico.
«(Emilio Pérez) Touriño está más preocupado por que no le impongan la fecha de las elecciones que de atender a los más de 100.000 dependientes gallegos», apuntó Rodríguez Arias.
Aseguró también que en Galicia sólo está «oficialmente» reconocida la ayuda para cuidadores familiares, mientras que en otras Comunidades hay prestaciones para teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y atención residencial.
Por otra parte, la diputada popular se refirió al recorte de gasto de 200 millones de euros para la Ley de Dependencia anunciado por el Gobierno central, que calificó de «indecente» y que supondrá un descenso de 10 millones de euros en financiación para Galicia, concluyó.